LA CORTE AVALÓ ACTUALIZACIÓN DE CUPOS FISCALES.

La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) en contra a la actualización de los bonos fiscales de las empresas bajo el régimen de promoción industrial. La resolución del máximo tribunal se dio en la causa “Orbis Mertig San Luis S.A.I.C. c/ AFIP y otros s/ ordinario”, tras lo dictaminado por la Procuración General de la Nación. Por tal motivo, la Corte Suprema desestimó el recurso planteado. El problema de muchas industrias con los cupos fiscales se origina con el colapso de la convertibilidad. La devaluación del 2002 hizo que estos instrumentos que tenían las industrias según la promoción vigente en ese momento perdieran sustentabilidad, ya que los beneficios no acompañaron el aumento general de precios que experimentó posteriormente la economía.Por eso las empresas, mientras mantenían su producción y personal, iniciaron medidas judiciales y adecuaron los beneficios a la nueva realidad post-convertibilidad. La AFIP, que en un principio aceptó el pedido, después realizó una apelación que llegó a la Corte Suprema, aunque Orbis es sólo un ejemplo de una situación que padecen muchas industrias de las provincias promocionadas. La empresa Orbis pidió la actualización de los bonos, una solicitud aceptada por los Tribunales de San Luis y la Cámara Federal de Mendoza. Sin embargo, la AFIP apeló estas sentencias y por eso el litigio debió ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia. De esa forma, el resultado del proceso judicial es determinante para la permanencia de las empresas en las cuatro provincias promocionadas. Cabe recordar que hubo en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia, en donde todos los actores involucrados acordaron formar comisiones de trabajo para resolver el conflicto y suspender por 90 días hábiles cualquier acción en el litigio. En el encuentro participaron los gobernadores de La Rioja, San Juan y San Luis. La ministra de industria, Débora Giorgi, el ministro de economía, Hernán Lorenzino, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, también participaron del encuentro. En la previa, el diputado del PJ riojano Jorge Yoma se quejó de que aún el Gobierno nacional no reglamentó el decreto firmado por Cristina de Kirchner en mayo de 2010 para prorrogar el régimen de promoción industrial en su provincia. “Es insólito; pasaron dos años y medio y nunca pudimos hacer que la Presidenta cumpla con su propio decreto”, cuestionó, y apuntó: “Creo que en las áreas de Industria y Economía estamos frente a un grupo de mentirosos o de ineptos que no reconoce parangón en la historia”. El motivo de la acción política es que si el fallo era adverso las empresas promocionadas deberían devolver mucho dinero porque ellas por medio de amparos o acciones declarativas hicieron que la Dirección General Impositiva les tenga que reconocer la adecuación a la realidad de los créditos fiscales no utilizados. Esto se llamó reexpresión, que es la adecuación del valor de los créditos fiscales o bonos a precios más actualizados producto del impacto de la crisis. El año pasado, el fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna explicó que eran cerca de 1.100 millones de pesos lo que deberían pagar las empresas por los bonos lo que significaría “la defunción” de las fábricas. El recurso extraordinario había sido interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – Dirección General Impositiva (DGI), representada por la Dra. Laura Beatriz Burky, en su carácter de apoderada. Mientras que el traslado fue contestado por Orbis Mertig San Luis S.A.I.C., representada por el Dr. Juan l. Barilati, en su carácter de apoderado, con el patrocinio letrado de los Ores. Rodolfo R. Spisso, Haroldo R. Gavernet y Domingo Nedo Carlucci. La causa llegó desde Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala A, tras el pronunciamiento del Juzgado Federal de San Luis.